Por Raúl Bermúdez
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual cumplió 15 años, desde su sanción en el año 2009, derogando así el Decreto-Ley 22.285 de la última dictadura cívico-militar. Fue impulsada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hoy llamada “por una Comunicación Democrática”.
Allí convergieron las radios comunitarias sin fines de lucro, las privadas locales y regionales no concentradas, todos los gremios vinculados a la comunicación, como periodistas, operadores técnicos, músicos, actores, locutores, realizadores audiovisuales, las radios universitarias y las carreras de comunicación, organismos de derechos humanos y medios de pueblos originarios.
Con esta amplia participación se redactaron los “21 Puntos por una Radiodifusión Democrática” -con la activa participación de FM Reconquista de José León Suárez- cuyo eje principal era considerar a la comunicación como un derecho humano y no como una mera mercancía.
Un cuarto de siglo pasó desde el regreso al sistema institucional-constitucional, sin que el Parlamento sancionara una ley de radiodifusión que reemplazara al decreto dictatorial. Durante ese largo período hubo diversos proyectos presentados en ambas Cámaras del Congreso Nacional, que fueron perdiendo “estado parlamentario”, por las presiones que ejercieron las corporaciones de los medios de comunicación concentrados.
La nueva ley planteó varios objetivos fundamentales tales como desmonopolizar los medios de comunicación, en manos de grupos económicos cercanos a la dictadura, que les había otorgado sus “licencias” de radiodifusión, con adjudicación directa, sin llamado a “concursos”. Además, durante los años 90´ se habían modificado sólo los artículos del decreto 22.285 que impedían la formación de grandes “multimedios”, permitiendo así, desde entonces, que una misma empresa concentrara diarios, revistas, canales de televisión y radios, producción de contenidos y redes de distribución.
Dividir el “espectro” de radio y televisión por aire en tres tercios, uno para el Estado, otro para las empresas privadas y otro para los medios comunitarios sin fines de lucro. Abrir la posibilidad a las organizaciones no comerciales de gestionar medios de comunicación (hasta entonces las radios comunitarias eran consideradas ilegales y “clandestinas”).
Impulsar la formación y capacitación de los medios comunitarios, cooperativos, escolares, de frontera y de los pueblos originarios, mediante el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), hoy suspendido en su aplicación.
Establecer cuotas obligatorias de difusión de música nacional y de producción independiente. Crear organismos de control estatal de las comunicaciones audiovisuales legales y democráticos. Desde 1983 había estado intervenido el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), porque de lo contrario su directorio tenía que estar integrado por representantes de las tres fuerzas armadas y de las cámaras empresarias del sector.
Lamentablemente esta ley de la democracia nunca llegó a aplicarse totalmente por la resistencia de los grupos económicos concentrados que controlan los principales medios de comunicación en nuestro país. Se plantearon juicios de inconstitucionalidad eternos, medidas judiciales cautelares, jamás se elaboró un plan técnico que permitiera un llamado a concursos de licencias de radio y televisión ordenados, que evitaran las interferencias. Y en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri se derogaron mediante un decreto de necesidad y urgencia los artículos antimonopólicos, impidiendo así que se lograra el principal cometido de la ley.
Además, en sólo 15 años, esta legislación quedó obsoleta, por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), el auge de las redes virtuales y las “plataformas” de creación y distribución de contenidos. Ante esta situación la Coalición por una Comunicación Democrática actualizó los “21 puntos” que dieron origen a la ley.
Lamentablemente la retirada actual del Estado de sus funciones principales, provoca que también en el terreno de las telecomunicaciones impere la ley de la selva, donde mandan los más fuertes y poderosos. Y si el Parlamento nacional durante 25 años postergó una ley de la democracia por las presiones de los grupos económicos, su actual conformación ha demostrado ser muchísimo más permeable a los “aprietes” y compras de votos.
Después de que quedaran firmes los “vetos” presidenciales a las leyes de movilidad jubilatoria y de presupuesto universitario, es difícil imaginar que de la actual conformación del Congreso Nacional se pueda esperar algo efectivo, para que la ciudadanía pueda ejercer soberanía digital. No hay protección frente al monopolio comunicacional que ejercen las empresas multinacionales que controlan las redes y la WEB. Sus “algoritmos” no son neutrales, muestran lo que conviene a sus negocios mostrar y opacan lo que va en contra de sus intereses. No hay legislación argentina que las controle y proteja nuestros derechos, no sólo a la información veraz, también a la intimidad.
La única esperanza que queda es seguir luchando por la democratización de las comunicaciones y de Internet. Promover la organización de los medios no concentrados, tanto privados como comunitarios, escolares, universitarios, y de pueblos originarios, gráficos, audiovisuales, por aire, cable o streaming. Para resistir así los intentos de desfinanciarnos y asfixiarnos económicamente. Lo mismo pasa con los clubes de barrio, con las cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), la salud y la educación públicas y todo tipo de organización que no encaje en la locura destructiva del anarco-capitalismo.